La declaración de la adoptabilidad de un niño la otorga un juez y el
registro de adoptantes brinda una terna de aspirantes a padres, aclaró
la directora del Registro Único de Adoptantes (RUA) de Neuquén, Gisela Maxuell.
El registro está funcionando desde el año 2009 y tiene
tareas no sólo administrativas sino que incluyen otros ejes de trabajo
que están en la ley y que tienen que ver con abordaje de madres en
conflicto con la maternidad, con la vinculación de niños con aspirantes a
padres y la vinculación con organismos de ayuda social y salud.
El
registro tramitó hasta ahora 41 guardas con fines adoptivos. No es
resorte del organismo decretar la adoptabilidad de un niño, sino que lo
hace un juez de familia en la ciudad de Neuquén y en el interior un
magistrado multifueros o civil. Recién después de estos trámites le
piden al Registro que envíe una terna con padres que puedan adoptarlo.
Admitió
que para tener la inscripción definitiva se requiere un informe
psicosocial; de los 217 inscriptos -precisó- unos 35 tienen informes
realizados y 21 han realizado las entrevistas y aún no se entregó el
informe.
Sostuvo que en caso de recibir información de un chico
que puede estar en condiciones de adoptabilidad por datos de Acción
Social, Salud o vecinos, se hace una consulta al cuerpo de consejeros y
se elabora un informe conjunto que se eleva al juez y a la defensora del
niño. Ese informe no es vinculante para el juez. "Este año hemos podido
cumplir con ese informe porque no había prolongación de las personas en
el consejo", dijo. Está integrado por un representante de cada
ministerio del Ejecutivo.
El registro fue creado con una
estructura de equipos interdisciplinarios -cuya no creación fue
cuestionada por la Asociación de Padres Adoptantes y por el diputado
Ricardo Rojas (MID)- y en los concursos que realizó el Poder Judicial
incorporó el tema de la adopción, aunque los equipos no están integrados
en forma fehaciente. Se indicó que los profesionales, por una cuestión
de formación, no son especialistas en el tema en forma académica.
Los
50 casos que detectó Rojas que fueron entregados al presidente del TSJ,
Ricardo Kohon, correspondiente a niños que están institucionalizados,
"fue recibido por el registro el 13 de noviembre y algunas de las causas
ya se estaban trabajando, pero son los jueces los que deben decidir".
Puntualizó,
asimismo que "aun cuando no se encuentre realizado el informe
psicosocial que la ley ha previsto como requisito para tener al pretenso
adoptante como inscripto en forma definitiva, de ninguna manera puede
considerarse que la inscripción no tenga ningún efecto legal. Esto es
así, por que cuando se presenta una situación en la que existe un niño
para dar en adopción, ineludiblemente se recurre al listado de
inscriptos del RUA".
Noticia original publicada por Diario Rio Negro, aquí.